Hoy es un día triste para el mundo del turismo y especialmente preocupante para el ecosistema hotelero. Muchos nos enterábamos, todavía con el primer café de la mañana en la mano, de la quiebra del histórico turoperador británico Thomas Cook, anunciada la pasada madrugada por su CEO Peter Fankhauser.
Aún pudiendo deducir la respuesta, no hemos sabido dejar de preguntarnos si se podría haber evitado. Intuimos que sí, pero que los intereses económicos de ciertos grupos de inversión no han propiciado, precisamente, la intervención del gobierno británico para el rescate.
Por su parte, las causas que han llevado a la compañía británica a llegar a esta situación son muchas y de diversa consideración, y nos constan tanto sus intentos frustrados por establecer acuerdos de recapitalización hasta el último momento, como la puesta en marcha de iniciativas particulares, como la impulsada por grupos hoteleros nacionales, pretendiendo convertir en acciones la deuda del gigante de la turoperación con ellos. ¿Hubieran dejado caer a una empresa de esta envergadura en nuestro país por algo más de 200 millones de euros?
Así todo, ante la necesidad de digerir el panorama que acabamos de describir, debemos reflexionar sobre las dramáticas consecuencias de una noticia que ha trascendido a nivel mundial en cuestión de horas.
Un alud sin precedentes, que se erige ya como la mayor repatriación en tiempos de paz, y que en su devastador camino está arrastrando víctimas de lo más dispares: más de 22.000 despidos directos, al menos 600.000 turistas pendientes de volver a su casa, 960.000 plazas perdidas programadas para 2019 solo en Canarias y Baleares (las comunidades más afectadas), etc. Una verdadera pena.
Lo cierto es que un fenómeno inesperado como este (o puede que no tan imprevisible, a la vista de las peticiones de adelanto de fechas de pago o de las garantías bancarias solicitadas por determinados establecimientos), viendo el modo en el que se ha cebado con los destinos y los hoteles más dependientes de la turoperación, vuelven a poner sobre la mesa cuestiones tan importantes como la necesidad de dar con ese mix de distribución saludable al que tantas veces nos hemos referido:
- Que suprima o minimice los intermediarios
- Que reduzca la dependencia de terceros
- Que apueste por la venta directa
- Que reparta de forma equilibrada y coherente sus camas
No hacerlo es muy arriesgado. Por un lado, para los hoteles implica perder totalmente el control sobre su propio producto.
Por otro, apostar por la presunta seguridad de las garantías que “prometen” los grandes turoperadores, se convierte en un arma de doble filo en situaciones como la que nos ocupa, al favorecer, por ejemplo, que hoteles que ayer estaban completos para la temporada de invierno, hoy apenas lleguen al 30% de ocupación. Es cierto que el caso de las Islas Canarias, el destino nacional más dependiente de la turoperación, con un 70% turoperador (del cual una cuarta parte estaba en manos de Thomas Cook), es muy especial por su localización geográfica y su propia idiosincrasia. Pero otros destinos eminentemente vacacionales, como las Islas Baleares, la Costa Brava, la Costa Dorada, la Costa Blanca o la Costa del Almería se han visto también muy afectadas.
Parece que ha llegado el momento de que se abra un nuevo ciclo en el que el cobro de las reservas se haga por adelantado. ¿Es tan descabellado, teniendo en cuenta que el cliente ha pagado el 100% antes de viajar?
¿Por qué el hotelero no debe recibir su dinero del mismo modo? ¿No debería, al menos, crearse una plataforma que funcione como fondo de garantía de los pagos, haciendo acopio del dinero que ya ha salido del bolsillo del cliente?
A esta perdida futura de la programación prevista hasta final de año, se suman otros problemas del presente, como el complejo y renovado contexto de conexiones aéreas, las exigencias de aquellos clientes que ya se han desplazado, pero aún no se han alojado, o la de aquellos que se han visto obligados a cancelar unas vacaciones que ya han abonado, pero que no van a poder disfrutar.
Ni el apoyo del gobierno británico, ni la licencia ATOL, ni los seguros del banco o la tarjeta de crédito empleada para hacer la compra, librarán a los hoteles de una avalancha de reclamaciones que, aunque no les corresponden ni son su responsabilidad directa, supondrá un duro deterioro de su imagen, al mostrarse incapaces de posicionarse del lado del cliente, por no poder afrontar los gastos que conlleva garantizar que disfruten de las vacaciones que había contratado, y que el hotel sabe que nunca cobrará.
Determinados hoteles y grupos hoteleros ya han afirmado que harán todo lo que esté en su mano por que sus clientes disfruten sus vacaciones sin restricciones. Desgraciadamente, esta postura no está al alcance de todos.
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