El Ayuntamiento de Barcelona quiere garantizar que la actividad turística sea compatible con un modelo urbano sostenible. Su filosofía es mantener que la ciudad siga siendo abierta al turismo, pero con la defensa del derecho a la vivienda y unas normas de convivencia claras.
«A pesar de tener un parque de alojamientos turísticos extenso y legal, también existe una oferta ilegal de este servicio en la ciudad que genera especulación, economía sumergida y puede dañar la convivencia en las comunidades de vecinos que los alojan. Además provoca la sustitución de la vivienda residencial«, ha afirmado el consistorio en un comunicado.
Por ello, el gobierno municipal ha diseñado un plan de choque contundente y dotado con el máximo de recursos y herramientas para combatir la oferta y la actividad ilegal de las Viviendas de Uso Turístico. Se trata de una batería de nuevas medidas presupuestadas con un total de 1.350.000 euros anuales que tienen como objetivo prioritario minimizar esta oferta sumergida y evitar que se imponga y arraigue en la ciudad, ya que según el ayuntamiento «es económicamente insostenible e irrespetuosa con la legislación vigente y que genera la expulsión de vecinos de los barrios más afectados. Algunas de estas medidas se han desarrollado en el seno de la Mesa de Trabajo de Viviendas de Uso Turístico del distrito de Ciutat Vella, y ahora se extienden a toda la ciudad».
El plan de choque incluye medidas que buscan estrechar el cerco contra los pisos turísticos ilegales a través de diversas vías. Así, se han diseñado:
- Medidas de detección: Se crea un nuevo equipo de visualizadores para ser más eficaces a la hora de identificar la actividad ilegal, y se facilitará la colaboración vecinal, entre otros.
- Medidas de inspección y sanción: Destacan el refuerzo del equipo de inspectores, más presión a las plataformas y aplicación de las sanciones máximas plataformas reincidentes.
- Medidas de colaboración interadministrativa: Convenio con la Generalitat para extender el uso de la araña web, y se comparten datos con la Agencia Tributaria.
- Medidas normativas: Trabajo bilateral con la Generalitat para que el nuevo Reglamento de Turismo facilite la labor inspectora y, entre otros, permita iniciar la tramitación de un cese de actividad ilegal con más celeridad.
