El domingo, seis terroristas suicidas lanzaron una serie coordinada de ataques en Sri Lanka que causaron la muerte de al menos 290 personas y heridas a cientos más.
En cuestión de horas, el gobierno de la nación isleña dio un paso drástico al anunciar que bloquearía temporalmente todas las plataformas de redes sociales con la esperanza de detener la difusión de noticias falsas sobre el ataque, una medida controvertida que pone de manifiesto el grave costo civil de la propaganda online.
Sanjana Hattotuwa, investigadora del Center for Policy Alternatives, dijo al Washington Post que notó un «aumento significativo» en los informes falsos en los medios sociales después de los bombardeos del domingo, incluyendo relatos inexactos sobre el número de muertes.
Dos piezas de información falsa en particular –una culpando del ataque a los terroristas suicidas musulmanes y otra afirmando que hubo una advertencia previa de ello– fueron ampliamente compartidas, según Hattotuwa.
En marzo de 2018, Sri Lanka vio un aumento de la violencia tras la difusión de noticias falsas anti-musulmanas en las redes sociales, una situación que finalmente llevó a otra prohibición temporal, por lo que tiene sentido que la nación quiera intentar adelantarse a cualquier nueva violencia tras el ataque del domingo.
Sin embargo, la prohibición de los medios de comunicación social ya ha sido criticada por obstaculizar la comunicación entre los afectados por los atentados y sus seres queridos.
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