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Alojamiento

Reflexiones en torno a la mal llamada “economía colaborativa”

Reflexiones en torno a la mal llamada “economía colaborativa”

Los pasados 3 y 4 de noviembre, durante el primer encuentro de ciudades europeas sobre la gobernanza del Turismo urbano, se constató la posición casi unánime de todas las ciudades sobre el enorme impacto negativo del alojamiento turístico en pisos particulares, haciendo hincapié en las plataformas online que han facilitado el desarrollo exponencial de esta actividad y, en concreto, Airbnb.

La desregulación y descontrol de esta ‘nueva’ oferta de alojamiento turístico ha dado cobertura a una enorme economía sumergida. Las plataformas online que ponen en contacto la demanda con esta nueva oferta han enviado masivamente mensajes de innovación y de actividad colaborativa, cuando en realidad son fórmulas insolidarias, irresponsables y, a medio plazo, insostenibles.

La ciudad de Nueva York ha sido recientemente noticia a raíz de la decisión legislativa que ha tomado el Gobernador del estado, firmando una ley que penaliza el anuncio de alquileres de apartamentos por periodos inferiores a un mes, para luchar contra los pisos turísticos ilegales que están causando graves afectaciones en los precios del mercado de la vivienda para residentes y, la desnaturalización y molestias a las comunidades de vecinos y barrios en esta urbe. Esta ley impone multas de hasta 7.500 dólares a los anfitriones que anuncien alquileres de menos de 30 días.

Justo antes de que esta nueva ley del estado de Nueva York pudiera sancionar a los propietarios que utilizan las plataformas, Airbnb, que es la mayor plataforma comercializadora, propuso ciertas medidas de autorregulación, muchas de las cuales, como el registro de viviendas y eliminar los propietarios con múltiples viviendas en su portal, van en consonancia con las demandas que, al respecto, está haciendo la patronal europea HOTREC desde hace tiempo.

Todo ello, sin embargo, aparte de las evidentes incidencias sobre el incremento del precio de la vivienda en las ciudades turísticas, se constata un riesgo de fondo mucho más devastador para la sociedad.

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Este mal entendido y mal llamado ‘sistema colaborativo’ que muchos aprueban y defienden en el contexto del alojamiento turístico, podría resultar en graves consecuencias para el estado del bienestar si este modelo se extrapolase a todos los ámbitos económicos de la sociedad (restauración, educación, industria,…), un hecho que desmontaría el sistema global de financiación y redistributivo del estado del bienestar y, también pondría en riesgo la seguridad en la prestación de servicios y la venta de productos.

Para hacer un correcto dibujo de lo que representa esta actividad ilegal, hay que entender en primer lugar que todo alojamiento turístico que implique transacción económica NO se puede considerar economía colaborativa. No existe un intercambio en dos direcciones, sino que los roles están perfectamente definidos: existe una demanda hacia un destino turístico (turistas que quieren visitar Barcelona, por ejemplo), y prestadores de servicios de alojamiento con una actividad continuada y lucrativa. Este no es en ningún caso un modelo innovador o colaborativo. Es economía de mercado.

Diferentes estudios constatan que este tipo de alojamiento en viviendas particulares no responde a ‘nueva demanda’, sino que es un cliente que su principal motivación de consumo es el mejor precio y que, por tanto, canibaliza la demanda de las modalidades regladas.

Esta ventaja competitiva en el factor precio se deriva principalmente de la baja carga de impuestos (nula en el caso de muchos de estos alojamientos no censados) y, de las inexistentes barreras de entrada y costes normativos que estas nuevas modalidades ilegales deben afrontar.

Un estudio de Ernst&Young encargado y publicado por Exceltur calcula el diferencial en 17,2€ por plaza entre las modalidades regladas y las no regladas. Para un apartamento de 4 plazas esto supone un ahorro desleal por unidad de alojamiento de 68,8 € en costes normativos, lo que se convierte en una clarísima competencia desleal.

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Obviamente, esta economía sumergida también conlleva una serie de afectaciones para el sector turístico, entre las que destacan la degradación del mercado laboral y de las garantías laborales a los trabajadores, la reducción de la contribución económica diaria de un turista y, la falta de control sobre la calidad, poniendo en riesgo la imagen del destino.

Más allá del riesgo que representa el sistema del estado del bienestar, el otro gran problema que supone esta actividad de alojamiento ilegal descontrolada es la calidad turística y la calidad de vida de los residentes habituales.

Las modalidades regladas están regidas por estrictas normativas de higiene, equipamientos y seguridad (incendios…). En particular, entre estas modalidades de alojamiento turístico ilegal, destaca la falta del registro policial obligatorio de todos los viajeros, que permitió, por ejemplo, a los terroristas de Paris de noviembre de 2015 estar alojados en viviendas ilegales descontroladas.

Por otra parte, destacan las afectaciones que esta actividad ilegal conlleva sobre las comunidades de vecinos y los barrios, afectando el descanso y la calidad de vida de estos, provocando un mayor desgaste de las zonas comunes de las comunidades, desnaturalizando la vida de éstas, así como la del comercio y, generando un encarecimiento del precio de la vivienda en aquellas zonas donde se da esta actividad.

Todo este alojamiento turístico que se lleva a cabo en establecimientos no regulados es actividad ilegal y, por tanto, debe ser erradicada y penalizada.

En conclusión, el cumplimiento de normas, requisitos e impuestos es indispensable para garantizar el fomento de una actividad turística responsable y sostenible, que contribuya a la financiación de los servicios públicos y el equilibrio económico y social de su entorno.

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