Los principales destinos turísticos españoles siguen buscando la manera de regular, cada uno a su propia manera, el fenómeno de los pisos turísticos.

Después de las multas del Ayuntamiento de Barcelona a Airbnb o las restrictivas nuevas normas en Palma de Mallorca, Madrid y Valencia han tomado cartas en el asunto durante la semana pasada.

Como ya es conocido, Madrid se está preparando para aprobar una legislación que prohibiría de manera efectiva el 95 por ciento de los anuncios de Airbnb. Las nuevas regulaciones, publicadas el miércoles por José Manuel Calvo, secretario de planificación urbana sostenible, establecen reglas estrictas sobre el alquiler de viviendas, específicamente en el centro histórico de Madrid.

El plan tiene como objetivo «preservar el uso residencial de los edificios, poner fin al uso permanente (por los turistas) y reemplazarlo con temporal, evitando que las viviendas se conviertan en alojamientos exclusivos para los turistas».

Los funcionarios de la ciudad esperan prohibir a los propietarios convertir edificios completos en alquileres, a menos que tengan una licencia de hotel.

Esta nueva medida ha encontrado su oposición, como era de esperar, en las plataformas digitales. Desde la Asociación Española de la Economía Digital (Adigital) y Sharing España han rechazado rotundamente el borrador del nuevo plan.

Según el comunicado emitido por ambas plataformas, «las medidas planteadas por el Ayuntamiento van en contra de la naturaleza residencial de la vivienda vacacional y condenarán a la ilegalidad a la práctica totalidad de la oferta. Medidas de imposible cumplimiento (como que las viviendas tengan acceso independiente sin que afecte a las zonas comunes de la finca) que dejarán en la más absoluta indefensión a cientos de familias que tienen en el alquiler vacacional su modo de vida y generarán una enorme incertidumbre e inseguridad jurídica que perjudicará a inversiones pasadas, presentes y futuras».

«Es una medida injustificada y desproporcionada que empobrecerá al turismo y a la economía de la ciudad –prosigue el documento– restringirá la oferta y la competencia, así como la capacidad de elección de los consumidores en beneficio único de los alojamientos turísticos tradicionales. Además, el actual borrador del PEH no servirá para preservar el uso residencial en la ciudad de Madrid, ni la expulsión de uso residencial de carácter permanente, ya que el papel del alquiler vacacional en Madrid es anecdótico: como demuestran los datos que maneja el propio Ayuntamiento, y que cifran su peso en el 0,54% respecto a la población flotante de la ciudad, mientras que fijan en el 3% el del sector hotelero. Es más, el peso del sector hotelero sobre la población flotante en el centro ascendería al 27%, frente al solo 6% de las viviendas de uso turístico».

Fuera del centro histórico de Valencia

La ciudad de Valencia está considerando, por su parte, introducir una ley para limitar el alquiler de pisos privados con un uso turístico. La nueva legislación prohibiría todos los alquileres nuevos en el centro histórico de la ciudad.

En otras zonas de Valencia, solo las propiedades de planta baja y de primer piso recibirían la licencia necesaria para operar.

De esta forma, el gobierno regional espera detener el auge de los alquileres privados; un crecimiento que estaría elevando el precio del alquiler en la ciudad.

Asimismo, Valencia implementaría un proceso de registro similar al de París que requiere a los que alquilan su casa entera que se registren para obtener un número de certificación. Sandra Gómez, teniente de alcalde de Valencia, estima que 3.500 de los 5.000 alquileres de la ciudad no cumplen con esa licencia en la actualidad.