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Destinos

Los destinos claman por una regulación para lidiar con los pisos turísticos

Los destinos claman por una regulación para lidiar con los pisos turísticos

El eterno debate sobre cómo regular los pisos turísticos ha alcanzado su punto álgido en las últimas semanas.

HomeAway o Airbnb nacieron como modelos basados en la economía colaborativa, pero son ahora actores de pleno derecho en la industria turística: la primera, dentro de la red de Expedia; la segunda, constituida en un gigante imparable capaz de vender alojamiento, experiencias y, en el futuro, billetes de avión.

Poco importa ya aquel otro debate sobre la definición de la economía colaborativa en sí. En el momento en el que aparece un intermediario que se lucra por el uso de la plataforma, hablamos de modelos mucho más cercanos a los de una agencia online que a los de una ONG, evidentemente.

En los últimos días, destinos como Barcelona, Baleares, Madrid o Valencia han puesto en marcha nuevas medidas para tratar de legislar, cada una como mejor cree, la situación de crecimiento exponencial en la oferta de pisos turísticos. Las medidas han atacado con especial urgencia el crecimiento de la oferta de este tipo de pisos en zonas céntricas, históricas o particularmente sobre pobladas de turistas en comparación con el número de residentes.

Las ciudades parecen haber asumido que el fenómeno no puede se detenido o destruido, así que más vale alcanzar un contexto legal en el que pueda operar.

¿Quién tiene que regular?

Los hoteleros fueron los primeros en levantar la voz ante un modelo que consideraban absolutamente alejado de la filosofía de la economía colaborativa,. Durante meses solicitaron a las administraciones, con poco éxito, que se aboradara esta situación de un modo tajante.

Hasta ahora la administración central se ha lavado las manos y ha recordado que las competencias están transferidas a las Comunidades Autónomas. Así que los hoteles miran a las ciudades, y las ciudades directamente a Europa, mientras el Gobierno central está a otras cosas.

La semana pasada el consejero de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Fernández, reclamaba al Gobierno central el establecimiento de un marco estatal que “armonice” la regulación de la fiscalidad de los alquileres de viviendas con fines turísticos, y que, además, fije las competencias de los ayuntamientos a la hora de establecer “tributos locales, zonas saturadas o limitaciones” para este tipo de alojamientos.

Parece de sentido común que la administración central establezca, al menos, un marco de referencia en el que los destinos puedan apoyarse.

También esta última semana la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), órgano que representa a 8.000 ayuntamientos va a remitir al Consejo de Municipios y Regiones de Europa una propuesta para promover con urgencia una normativa sobre la oferta de pisos turísticos.

Mientras tanto, La CNMC ha desestimado la impugnación de la última reforma del Reglamento General de gestión e inspección tributaria a las plataformas de viviendas turísticas.

La CNMC consideró que la reforma podría plantear un efecto restrictivo para la competencia en el caso de que las obligaciones de información vinculasen a todo tipo de intermediarios. Por ejemplo, si se obligase a aquellos que solo albergan anuncios (y, por tanto, no tienen constancia de si la transacción se ha celebrado), se les abocaría a cambiar su modelo de negocio para cumplir con las exigencias informativas.

Por otra parte, la CNMC consideró que las obligaciones de información incluyen algunos aspectos que podrían ser innecesarios o desproporcionados para la finalidad de prevención del fraude fiscal, por lo que solicitó aclaración sobre el alcance de las mismas.

Así las cosas, ni hoteles ni destinos saben muy bien quién va a solucionar este problema y tratan de buscar sus propias soluciones. Mientras tanto, hoteleros como Gabriel Escarrer de Meliá lamentaban, en el marco del último Foro Hosteltur, que el gobierno central no haya sido tan contundente en la legislación del alojamiento como sí lo ha sido en el transporte y el conflicto generado entre el modelo tradicional de taxi y los nuevos actores como Uber o Cabify.

A la espera de una resolución global más clara que provenga de Europa, las ciudades seguirán lidiando cada una por su cuenta con un modelo que, bajo la bandera de la innovación, supone un verdadero quebradero de cabeza para ciudades, destinos y alojamientos tradicionales.

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