Si algo se ha achacado tradicionalmente a las compañías cuyo modelo de negocio está inspirado en la economía colaborativa es precisamente el hecho de ser «poco colaborativas» con la hacienda pública de los países donde desarrollan su actividad.
Esta situación va a sufrir algunos cambios en España, después que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, haya dejado caer la puesta en marcha de algunas medidas para aumentar la presión fiscal sobre empresas como Airbnb, Uber o Cabify.
Montero ha destacado que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019, en los que trabaja su departamento, serán “la herramienta para revertir el deterioro sufrido por el Estado del Bienestar durante los últimos años”.
La ministra ha comparecido en la Comisión de Hacienda del Senado para exponer las líneas generales de su ministerio en materia presupuestaria, fiscal y de financiación autonómica y local.
Montero considera que “la nueva fiscalidad para el siglo XXI se tiene que adaptar a los nuevos modelos de economía globalizada y digital”, en línea con lo que ha propuesto la Comisión Europea.
Tasa Google
La ministra ha precisado que la Comisión, entre otras, estudia que las grandes compañías digitales declaren y tributen allí donde su negocio alcance un volumen determinado. Se trata de la denominada «Tasa Google».
En esa línea, ha anunciado que se va a estudiar un tratamiento fiscal para la llamada economía colaborativa, fundamentalmente en los sectores de transporte y alojamiento, algo que afecta directamente a Uber, Cabify o Airbnb.
No corren buenos tiempos para las compañías de transporte después de que Fomento haya puesto en manos de las comunidades autónomas y ayuntamientos la regulación de las licencias VTC.
«Hay plataformas dedicadas a este servicio que generan miles de millones y no tributan de manera adecuada, porque la fiscalidad actual no reconoce este tipo de actividad y entran en competencia desleal con sectores tradicionales», ha afirmado Montero durante su comparecencia.
La nueva tasa estará destinada a empresas del sector tecnológico que facturen por encima de los 750 millones de euros.
Este nuevo impuesto alcanzará el 3 por ciento sobre cuestiones específicas como la venta de datos de sus clientes, los ingresos por publicidad y las transacciones comerciales entre empresas y particulares.
