La secretaria de Estado de Turismo, Isabel Oliver, ha trasladado a las Comunidades Autónomas y a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) una propuesta de modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y de la Ley de Propiedad Horizontal (LPH).
Ha sido durante la primera sesión del Grupo de Trabajo sobre Viviendas de Uso Turístico, cuya reactivación se acordó en la Conferencia Sectorial del pasado mes de julio.
En dicho encuentro, que continuará hoy en la sede del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, se han dado cita representantes de las 17 Comunidades Autónomas y de la FEMP, así como responsables de los ministerios de Industria, Fomento y Economía.
Además, han participado casi una veintena de invitados del sector hotelero, empresarial, las plataformas, los vecinos, consumidores y sindicatos.
En concreto, la propuesta de modificación de la LAU presentada en el Grupo de Trabajo propone delimitar el arrendamiento de temporada a aquel que se realiza por períodos mínimos de 7 días consecutivos, pero que en su totalidad no suponga el arrendamiento de la vivienda durante más de 45 días al año.
En el caso de la LPH la propuesta es rebajar a 3/5 la mayoría necesaria para prohibir el ejercicio de la actividad de alquiler turístico o fijar unas determinadas condiciones para su ejercicio.
Durante la reunión también se ha trabajado en una propuesta de definición común de vivienda de uso turístico, que las CCAA puedan incorporar a sus normativas, y se ha expuesto la intención del Gobierno de poner en marcha un registro estatal único de viviendas de uso turístico.
Las Comunidades Autónomas tienen ahora un plazo de siete días, hasta el próximo martes 2 de octubre, para hacer llegar a la Secretaria de Estado de Turismo sus observaciones sobre las propuestas presentadas.
Al término de la reunión la secretaria de Estado de Turismo, Isabel Oliver, ha valorado de manera muy positiva el encuentro que continuará mañana. “La reunión de hoy ha sido un primer paso para intentar clarificar la problemática del alquiler turístico en España. Desde el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo se ha abordado esta cuestión, que es muy compleja jurídicamente, desde el primer momento y vamos a seguir trabajando en ello”.
Descontento entre los hoteleros
El sector hotelero español lleva años reclamando y quejándose de lo que considera la inactividad del Gobierno Central ante el desarrollo y crecimiento exponencial del número de viviendas, lo que ha provocado en algunos lugares unas externalidades negativas que es urgente corregir, tales como el incremento del precio de los alquileres en el centro de las ciudades, la falta de garantías para los consumidores, el incremento de la economía sumergida y la precarización del empleo turístico.
En un comunicado, CEHAT considera que «dado que la Comisión Europea define al alquiler de viviendas de uso turístico como actividad económica que requiere de una legislación eficiente , se hace necesario clarificar la responsabilidad de las plataformas, la necesidad del acatamiento de las normativas fiscales y de consumo, la necesidad de un registro único que permita monitorizar y controlar la evolución de la actividad y por último el reconocimiento de las competencias municipales para tomar decisiones en función de la afectación del fenómeno en cada ciudad. El cumplimiento de la normativa permitirá una competencia justa entre operadores, la recaudación fiscal para acabar con la opacidad económica y el incremento de la seguridad y bienestar en el destino».
“Es urgente que las comunidades autónomas armonicen su legislación y que el estado central les de soporte modificando normas como la Ley de Propiedad Horizontal, la Ley de la Sociedad de la Información y la Ley de Arrendamientos Urbanos. Usuarios y profesionales ganarán en seguridad jurídica y conseguiremos nivelar las reglas del juego ante un fenómeno que requiere unas medidas de inmediata puesta en marcha” ha indicado Ramón Estalella, secretario general de CEHAT, tras finalizar la reunión.
Airbnb ofrece su colaboración
Hace un mes, Airbnb ya transmitió a la secretaria de Estado que los objetivos son compartidos: atraer un turismo de calidad, que los beneficios de esa actividad lleguen a los ciudadanos y que el impacto en las personas y en el territorio sean positivos.
En este primer encuentro de la mesa de trabajo Airbnb ha querido mostrar cuáles son sus objetivos:
1) Legitimar el ‘home sharing’. Airbnb quiere trabajar con el gobierno en una regulación que reconozca la posibilidad de compartir el propio hogar, que no elimine vivienda disponible del mercado de alquiler y que respete la esencia de la economía colaborativa. Para ello, es necesario un marco legislativo que distinga de manera clara entre particulares que alquilan su vivienda habitual de manera esporádica y temporal, y un profesional del turismo.
2) Apoyo a la propuesta del gobierno de un registro central único, trabajando de manera conjunta en un sistema que funcione:
«Creemos que un sistema simple y claro facilita el cumplimiento de las normas y permite a las ciudades o las regiones obtener la información que necesitan para hacer cumplir las reglas de manera efectiva, en lugar de endurecerlas y castigar a miles de personas responsables. Un sistema único y claro desincentivará a los malos actores para que estén presentes en las plataformas», asegura Airbnb.
3) Recaudar la tasa turística en España: Desde el 1 de julio, Airbnb ha empezado a recaudar de forma automática la tasa turística en unas 23.000 ciudades francesas. Francia se suma así a los más de 400 gobiernos o municipios con los que Airbnb ya está colaborando para esta recaudación, ninguno de ellos en España.
4) Un enfoque para toda la industria. En palabras de la propia compañía, «si bien Airbnb siempre ha liderado la industria en prácticas responsables de uso compartido de viviendas, es importante que todos los participantes estén a bordo para garantizar que se apliquen las mismas reglas a todos, sin importar qué plataforma utilicen».