Plataformas online como Uber, Airbnb y Deliveroo que unen a proveedores de bienes y servicios con los consumidores se han convertido en nombres ya comunes para todos.

El valor total de las transacciones de los cuatro principales sectores involucrados en la denominada economía colaborativa ya alcanzó los 28.000 millones de euros en la UE en 2015, casi el doble que en 2014. Sin embargo, este nuevo modelo de negocio también presenta retos y oportunidades que han sido tratados en un nuevo informe aprobado por la comisión del mercado interior europeo ayer.

El éxito de las plataformas colaborativas ha suscitado una evidente preocupación con respecto a los derechos de los trabajadores y a las posibles ventajas injustas que estas empresas podrían disfrutar sobre las empresas tradicionales que están sujetas a regulaciones legales más estrictas.

En esta resolución no vinculante votada ayer, los eurodiputados subrayaron la necesidad de abordar las áreas grises de la regulación actual que causan diferencias significativas entre los estados miembros debido a las regulaciones nacionales y locales y la jurisprudencia. Estos nuevos modelos de negocio van desde la provisión de alojamiento (el archiconocido caso de Airbnb) y los desplazamientos en coche (Uber) hasta los servicios domésticos.

El portavoz de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, Nicola Danti, declaró ayer que «la economía colaborativa es un fenómeno nuevo que nos aporta nuevas oportunidades y varios retos. Por lo tanto, necesitamos una estrategia ambiciosa de la UE para allanar el camino para un «ecosistema» armonizado y dinámico, consistente en reglas específicas y principios generales «.

«Nuestras prioridades deben ser garantizar una competencia leal entre los sectores empresariales tradicionales y el nuevo mundo de la economía colaborativa, garantizar un alto nivel de protección de los consumidores y fomentar la promoción de un modelo de colaboración europeo que pueda contribuir a un desarrollo más sostenible de la sociedad europea», añadió.

El informe, aprobado en comisión por 31 votos contra uno y tres abstenciones, será votado por el pleno de la Asamblea en la sesión plenaria del 12 al 15 de junio.