A su propia velocidad, generalmente lenta en comparación con la rapidez con la que surgen nuevos modelos de negocio al calor de la, en ocasiones mal llamada «economía colaborativa», la Unión Europea ha decidido tomar cartas en el asunto. Y lo ha hecho para advertir a los gobiernos de las implicaciones negativas y los riesgos de tomar decisiones radicales contra empresas como Uber o Airbnb.

La Comisión Europea está preparando un documento que pretende servir de guía sobre el modo en que las distintas administraciones deben enfocar la regulación de este tipo de servicios. Aunque el informe no es público aún, la agencia Reuters ha tenido acceso al borrador.

En dicho estudio, la Comisión recomienda no tomar decisiones radicales como la prohibición de la actividad salvo como último recurso. En el caso concreto de Airbnb, considera que es «difícilmente justificable» prohibir breves alquileres de inmuebles. La patronal hotelera alemana (IHA), no ha tardado en contestar, argumentando que este tipo de servicios perjudica a los contribuyentes y al sector hotelero en general, altamente regulado. Excesivamente, incluso.

Berlín cuenta precisamente con una de las regulaciones más restrictivas para Airbnb. El gobierno local ha prometido rechazar el 95 por ciento de las solicitudes presentadas para poder incluir viviendas en la plataforma.

En el caso de Uber, los tribunales europeos decidirán a lo largo del año si la plataforma es una empresa de transportes o, como afirma la propia marca, un servicio digital que pone en contacto a conductores con usuarios. Esta definición puede ser clave, ya que de darse el primer caso las regulaciones serían mucho mayores para Uber, que ya ha vivido el enfrentamiento de profesionales del taxi en países como Francia, Portugal, o España.

Uber se vio obligado a retirar su servicio UberPop en Bruselas y ha reiniciado su actividad en Madrid en marzo después de ser prohibida en 2014.