FACUA ha alertado de hasta veintiséis abusos que cometen las compañías aéreas con los pasajeros, ante la pasividad de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) del Ministerio de Fomento y las autoridades de consumo de las comunidades autónomas.

Las irregularidades de las aerolíneas están recogidas en el nuevo capítulo de Timocracia, el segundo libro de su portavoz, el periodistaRubén Sánchez, editado por FACUA y su Fundación. El libro puede descargarse gratis y por entregas en la web Timocracia.com. En él se enumeran 300 trampas con las que empresas y gobiernos toman el pelo a los consumidores.

Bajo el título Despega como puedas: 26 maldades de las que puedes ser víctima al comprar un billete de avión, el portavoz de FACUA pone de manifiesto cómo «el aéreo es otro de tantos sectores en el que las empresas se saltan a la torera la legislación a sabiendas de que los gobiernos las controlan poco, las sancionan en escasas ocasiones y las cuantías de esas siempre secretístimas multas son de vergüenza ajena. Algunas aerolíneas se permiten incluso llegar al chantaje», señala Sánchez, «advirtiendo a las administraciones de que si toman medidas ante sus irregularidades, dejarán de operar en los aeropuertos donde las cometen».

«Los medios de comunicación nos muestran una y otra vez imágenes de pasajeros durmiendo en los aeropuertos, maltratados por compañías que eluden sus obligaciones con ellos tras cancelar o retrasar injustificadamente sus vuelos a sabiendas de que sólo un reducido porcentaje conoce sus derechos y va a batallarlos hasta lograr que los indemnicen», denuncia el portavoz de la asociación.

«Hoy por hoy, la denominación ‘low cost’ sólo responde al bajo coste que tiene para las multinacionales de la aviación civil forrarse a costa de engañarnos con precios que se inflan mientras realizamos la compra, cargarnos suplementos hasta por utilizar una tarjeta para abonar el billete por internet -como si permitieran otra forma de pago- o eludir las compensaciones económicas y la asistencia a los pasajeros que marca la ley cuando cancelan o retrasan sus vuelos», señala Sánchez en el capítulo de Timocracia dedicado al sector aéreo.