Como ya informamos anteriormente, el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSJB) ha declarado nula una multa de 300.000 euros impuesta hace dos años por el Gobierno de la Comunidad Autónoma a Airbnb.

El razonamiento de la sentencia se basa en gran medida en la reciente decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en un caso presentado contra Airbnb por la patronal hotelera francesa (Ahtop).

En dicha sentencia, el máximo tribunal europeo dejó en claro que Airbnb debe regularse como un servicio de la sociedad de la información y no como un agente inmobiliario.

Como en el caso del dictamen del TJUE, “desde Airbnb consideramos que la decisión del TSJB es un paso positivo para nuestra colaboración continua con los gobiernos y las ciudades de las islas de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera”, ha explicado la compañía en un comunicado.

Mónica Casañas, directora general para España y Portugal de Airbnb Marketing Services, explica que “desde Airbnb siempre se ha defendido que compartir el propio hogar es bueno para las personas que viven en ellas. Sólo el año pasado, los viajes en Airbnb generaron una actividad económica (ingresos de los anfitriones más gastos de huéspedes en negocios y servicios locales) de más de 640* millones de euros en el conjunto de las Baleares, y una parte muy importante de ellos, más del 70%, fueron a parar fuera de las ciudades”.


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