El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado el Decreto que regula la actividad de las Viviendas de Uso Turístico (VUT) y los apartamentos turísticos en la Comunidad de Madrid desde su primer día de actividad.

El objetivo fundamental de este Decreto es actualizar el vigente, mejorándolo, y ordenar una actividad que, según el gobierno regional, no puede ser prohibida.

La Comunidad de Madrid, en la nueva regulación, elimina el plazo de tres meses (90 días) para que un inmueble sea considerado Vivienda de Uso Turístico. De este modo, desde el primer día de actividad pasan a tener esa consideración los pisos, estudios, apartamentos o casas que, de forma habitual, sean comercializados para ser alquilados en su totalidad con fines de alojamiento turístico.

Los propietarios de una Vivienda de Uso Turístico deberán, por tanto, dar de alta su VUT ante la Comunidad de Madrid desde el primer día que ésta se ponga a disposición de los turistas.

Para ello, los propietarios deberán presentar una declaración responsable de inicio de actividad y un Certificado de Idoneidad (CIVUT), un documento técnico que deberá ser emitido por un arquitecto o arquitecto técnico competente.

La finalidad del CIVUT es garantizar al usuario de la vivienda que ésta cumple los requisitos fijados por la normativa. Se ofrece así seguridad a los consumidores, pero también a los propietarios y al vecindario.

El CIVUT, que deberá estar a disposición de los usuarios, acreditará que la vivienda ofertada dispone de calefacción; suministro de agua, ventilación; extintor; señalización de emergencia y plano de evacuación del edificio y de la vivienda.

Para garantizar la seguridad, el Decreto establece también la obligación para los propietarios de los establecimientos turísticos de remitir a la Policía y Guardia Civil la información relativa a la identidad de las personas alojadas.

Además, los arrendadores deberán contratar un seguro de responsabilidad civil; poseer hojas de reclamación; disponer de información con teléfonos y dirección de los servicios de emergencia y sanitarios en al menos dos idiomas.

La nueva regulación también hace hincapié en la necesidad de que los propietarios informen a los turistas sobre los derechos, deberes y normas de convivencia que deben evitar el mal uso de estos servicios.

Con el objetivo de ordenar la actividad turística y evitar aglomeraciones en las Viviendas de Uso Turístico se fija una ratio máxima de personas alojadas en función del número de metros cuadrados útiles de la vivienda.

Así, en viviendas inferiores a 25 metros cuadrados útiles se podrán alojar hasta dos personas; en viviendas de entre 25 y 40 metros cuadrados útiles podrán alojarse hasta cuatro personas en al menos dos piezas habitables y por cada 10 metros cuadrados útiles adicionales en al menos una pieza habitable más independiente, se permitirán dos personas más.

Una vez publicado este Decreto, los propietarios de Vivienda de Uso Turístico tendrán seis meses de plazo para adaptarse a la nueva norma.

Más flexibilidad para los taxis

Asimismo, el Consejo de Gobierno regional ha aprobado el decreto que da luz verde al nuevo Reglamento de los Servicios de Transporte Público Urbano en Automóviles de Turismo, que culmina un proceso que se ha desarrollado durante los últimos meses a través de distintas reuniones con todas las asociaciones representativas del sector: Federación Profesional del Taxi (FPT), Asociación Gremial de auto Taxi de Madrid (AGATM), Asociación Madrileña del Taxi (ATM), Asociación Élite Taxi Madrid y los representantes de los profesionales que ofrecen sus servicios fuera del Área de Prestación Conjunta.

Según la Comunidad de Madrid, el texto que se ha aprobado persigue” el objetivo de actualizar y modernizar el taxi, un sector fundamental de la economía madrileña que suma cerca de 16.000 licencias en toda la región, que genera 1.000 millones de euros anuales y del que dependen alrededor de 100.000 personas”.

El nuevo reglamento, teniendo en cuenta la cada vez más frecuente utilización de medios tecnológicos, recoge la posibilidad de establecer tarifas máximas que permitirán ofrecer al usuario un precio fijo y cerrado antes de comenzar el servicio.

Además, se permitirá que los servicios precontratados puedan ser realizados por plaza y pago individual, lo que abre la puerta a prestar servicios de taxi compartido entre varios usuarios. También se podrá recoger a viajeros en municipios distintos de aquellos en los que estén domiciliadas las licencias siempre que el destino sea el municipio que la ha concedido.

El decreto introduce también medidas para combatir el intrusismo y la competencia desleal entre empresas, con nuevas causas de extinción de las licencias municipales.

Unas licencias municipales para las que los distintos ayuntamientos de la región, si así lo estiman conveniente en función de sus necesidades y características, podrán establecer planes de amortización que permitan garantizar tanto la prestación del servicio a los usuarios como la rentabilidad de la actividad para los profesionales del taxi.

Otras de las medidas que recoge el nuevo texto se refieren a la simplificación de los requisitos exigidos para obtener las licencias de taxi –eliminando así cargas burocráticas–, el tipo de documentación que los taxistas deben llevar a bordo obligatoriamente o la posibilidad de realizar el pago del servicio mediante tarjeta de crédito o débito, una opción que ya ofrecen la mayoría de autotaxis y que ahora se incorpora a la reglamentación.