La CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) ha emitido un informe sobre el Real Decreto-ley 13/2018, de 28 de septiembre, que modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres en materia de arrendamiento de vehículos de turismo con conductor (PRO/CNMC/003/18, aprobado el pasado 17 de enero). El objeto del informe es analizar la reciente reforma de la actividad de los vehículos de turismo con conductor (VTC) y ofrecer orientación a las Comunidades Autónomas y Entidades Locales sobre la regulación de la movilidad urbana.

Lo que debes saber:

  • La regulación debe centrarse en proteger y mejorar los servicios para los consumidores y usuarios.
  • Las últimas reformas legales reducirán la competencia entre taxis y VTC y perjudicarán a los usuarios finales.
  • Se recomienda adoptar un enfoque regulatorio global sobre la actividad de taxis y VTC y aplicar principios de buena regulación económica.
  • Las comunidades autónomas y entes locales también deben revisar sus regulaciones para que verdaderamente beneficien a los ciudadanos.

En su informe, la CNMC efectúa una serie de recomendaciones concretas, dirigidas tanto a las Cámaras Legislativas como a Comunidades Autónomas y Entidades Locales, para mitigar el potencial impacto negativo sobre la competencia del citado Real Decreto-ley 13/2018. Las principales recomendaciones son las siguientes:

  • Desarrollar normativa autonómica a la mayor brevedad para que puedan seguir prestándose servicios VTC urbanos en el futuro.
  • Evitar discriminaciones injustificadas entre taxis y VTC en materia de contratación, horarios y calendario, características de los vehículos, circulación y estacionamiento.
  • Flexibilizar la regulación del taxi, eliminando todas las restricciones que les impiden mejorar la calidad del servicio.
    Revisar las restricciones al número de licencias de taxis y de VTC.
  • Posibilitar que, en el futuro, los VTC puedan prestar servicios no solo en su Comunidad Autónoma de origen de manera flexible.
  • Propiciar la máxima coordinación entre Administraciones y la buena regulación económica, con el fin de evitar mayor segmentación del mercado.