Desde la semana pasada se viene anunciando la publicación de un borrador en el que está trabajando el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, con el que trataría de obligar a las plataformas de alquiler de pisos turísticos –Airbnb y HomeAway principalmente– a facilitar la información referida al nombre de los anfitriones y de los clientes así como los detalles sobre las importes percibidos y gestionados por la plataforma.

Con este nuevo decreto, el gobierno central parece tomar finalmente cartas en el asunto para aclarar el pago de impuestos sobre las pernoctaciones que se gestionan a través de estas plataformas. Al mismo tiempo, la identidad de los huéspedes es un proceso habitual en los alojamientos reglados y una medida de seguridad acostumbrada en el sector de alojamiento.

Sin embargo, Airbnb no parece dispuesta a ofrecer los datos de sus huéspedes salvo como parte de una petición expresa basada en una investigación concreta ya que, tal y como ha recordado la plataforma en un comunicado, los datos personales están sujetos a leyes de protección de datos y privacidad muy estrictas.

Al mismo tiempo, Airbnb ha vuelto a anunciar su deseo de colaborar con las autoridades en la gestión de los impuestos derivados de su actividad.

HomeAway, por su parte, explicó la semana pasada que en este momento no hay decisiones concretas ya que está estudiando el borrador del decreto para conocer a fondo tanto las implicaciones legales como técnicas, antes de poder dar una valoración al respeto del texto.

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