El fenómeno de la “economía colaborativa” continúa generando debate y polémica en nuestra sociedad, principalmente en el ámbito del alojamiento turístico. A finales de marzo de este año conocíamos la noticia de que el Ayuntamiento de Palma de Mallorca había prohibido el alquiler turístico de las viviendas destinadas a residencia habitual.

Los motivos principales alegados por la corporación municipal de gobierno fueron que el modelo de empresas como Airbnb no fomenta el turismo sostenible, eleva los precios de los alquileres y expulsa a la población local de sus lugares habituales de residencia. Motivos similares a los alegados por los vecinos de Barcelona que ya se han manifestado varias veces en contra de las viviendas de alquiler turístico.

Sin embargo, los responsables de comunicación de las principales empresas del modelo de la “economía colaborativa”, alegan que se trata de un fenómeno que potencia la sostenibilidad del turismo pues favorece a la economía local y reduce el impacto medioambiental del turismo. Vamos a ver lo que está sucediendo realmente.

Es cierto que, desde el punto de vista de la sostenibilidad económica, las plataformas de “economía compartida” permiten poner en contacto a una demanda que tiene menor poder adquisitivo que los clientes habituales de establecimientos hoteleros, y, por otro lado, en algunas ocasiones, desde el lado de la oferta existen pequeños propietarios que consiguen obtener rentas adicionales en un marco en el cual la situación económica y laboral no es precisamente favorable. Pero no podemos llevarnos a engaño a pesar de los motivos expuestos.

La “economía compartida”, en el ámbito del alojamiento turístico, es insostenible desde el punto de vista social y de la economía local del destino. Varios son los motivos que explican y fundamentan estas afirmaciones. Si pensamos en destinos turísticos con un modelo especializado en sol y playa y con una alta estacionalidad en la temporada estival ¿Qué sucede con los trabajadores del sector turístico que consiguen una oportunidad laboral y tienen que alojarse en el destino? La situación más probable es que al buscar una vivienda cerca de su lugar de trabajo, se encuentren con que los precios de los alquileres de las viviendas habituales siguen un modelo turístico, es decir, con un coste muy superior al alquiler mensual de una vivienda habitual.

Esta situación obliga a los empleados del sector turístico que no son parte de la población local del destino, a buscar alojamiento residencial en zonas que se encuentren fuera de los principales puntos turísticos, y en situaciones más complicadas, a verse obligados a pagar unos precios disparatados por alquilar una vivienda para trabajar durante la temporada turística.

Este problema no solamente sucede en destinos especializados en sol y playa, sino también en destinos urbanos, como Barcelona, ciudad que está asistiendo a un fenómeno inflacionista desmesurado de los precios de los alquileres de viviendas por el problema de la “economía compartida”. Adicionalmente, en Barcelona y otros destinos, se está produciendo un segundo fenómeno ligado a este modelo de negocio, que es la expulsión de la población local de sus lugares habituales de residencia, lo que se conoce como gentrificación, y que refuerza aún más los argumentos de la falta de sostenibilidad social de este modelo de desarrollo del turismo.

Multitud de vecinos de los barrios céntricos de Barcelona están asistiendo a la conversión de los edificios de viviendas habituales en bloques de apartamentos turísticos, que en algunos casos están siendo explotados por empresas dedicadas a este negocio o por un único propietario. Lo que no parece sostenible ni democrático es que la población local de un destino se vea obligada a abandonar sus barrios por el crecimiento de los precios de los alquileres, o por los ruidos y molestias de un tipo de turismo que en algunas ocasiones sigue un modelo más asociado al bajo coste que al turismo de calidad.

No es sostenible porque estos fenómenos posicionan a los residentes en contra del desarrollo turístico, y sin el apoyo ciudadano, no existe el turismo sostenible. Y tampoco es democrático porque los procesos de conversión de viviendas habituales en turísticas no han sido sometidos a votación por la ciudadanía, lo que convierte a la “economía colaborativa” en un fenómeno injusto desde el punto de vista social.

Las problemáticas expuestas nos obligan a buscar soluciones colectivas que sean democráticas y sostenibles. Probablemente, una de las medidas que se debería implementar desde el punto de vista legislativo, es la completa diferenciación de los edificios cuyo uso está orientado a la residencia habitual de los ciudadanos, y los edificios destinados a uso turístico, independientemente de la tipología del alojamiento y asegurando el cumplimiento efectivo del uso de cada edificio mediante el incremento de las inspecciones.

De esta manera, se podría mantener el modelo de la “economía compartida” siempre que las viviendas turísticas se encuentren en edificios destinados exclusivamente a este tipo de uso, de manera que las viviendas ubicadas en edificios de residencia habitual se sometan a los precios de mercado habituales de los alquileres no turísticos, evitando así los procesos de gentrificación y rechazo social de la población local al turismo.

Las medidas de regulación deberían ser siempre el resultado de las acciones resultantes de un proceso de planificación estratégica del turismo desde las entidades locales, que incluya la participación ciudadana de forma que se ajuste a las nuevas demandas democráticas y sociales de la ciudadanía.

Consultor de Turismo y Dirección Hotelera en Alejandro Sepúlveda Hotel & Tourism Consulting, Docente Universitario y estudiante de Doctorado en Turismo en la Universidad de Alicante. Alejandro Sepúlveda tiene cinco años de experiencia profesional en la hotelería nacional e internacional, intermediación turística y consultoría estratégica de turismo, así como numerosos méritos académicos y dos publicaciones científicas en el ámbito del turismo”

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