El pasado mes, la ciudad de San Francisco –precisamente la ciudad donde nació Airbnb–, adoptó una nueva legislación que obligaba a todos los anfitriones que incluyen sus apartamentos en Airbnb a formar parte de un registro gestionado por el propio ayuntamiento de la ciudad.

El registro no es precisamente sencillo, o al menos no tan sencillo como registrarse en Airbnb y comenzar a alquilar un apartamento a otros usuarios. Implica informes trimestrales de clientes recibidos y detalle del tiempo que han permanecido en el apartamento, así como una relación detallada de todos los elementos del alquiler, incluyendo sábanas, mantas… todo.

Por primera vez, Airbnb anunciaba que presenta una denuncia contra una ciudad. Algunos de los destinos más importantes del mundo han decidido tomar cartas en el asunto y, de distintas formas, adoptar una regulación específica para Airbnb o plataformas similares. Pero este es el primer caso en el que Airbnb contraataca con una denuncia en los juzgados. Su argumento es que este registro viola las leyes federales y atenta contra el modo de vida de muchos ciudadanos de San Francisco, que confían en el alquiler a través de Airbnb para generar su modo de vida.

Además, Airbnb considera que viola las regulaciones de privacidad de contenido en una plataforma online. A este respecto, la ciudad ha respondido que no trata de regular el contenido en absoluto, sino de llevar el registro propio de cualquier actividad económica.

Una buena parte de los anfitriones de San Francisco deciden no pasar por el registro que ahora exige la ciudad. Airbnb, lógicamente, les anima a que lo haga, ya que es la compañía la que se expone a multas de 1.000 dólares por usuario y día.

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